Deportado dos veces, este hombre lucha para ayudar a la supervivencia de su familia

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La cerca de la frontera entre los Estados Unidos y México que separa Tijuana, México y San Diego, Calif. AP Photo/Rodrigo Abd

Durante más de una década documenté la deportación de un hombre, el impacto que tuvo en su familia y su eventual regreso a Estados Unidos.

Hice esto como parte de mis estudios de la migración de refugiados indígenas mayas de Guatemala a México y Estados Unidos. Mi narración de la historia de este hombre, a quien llamaré Alex para proteger su identidad, se publicará próximamente en la revista “Representations.” Creo que puede ayudar a arrojar luz sobre las consecuencias humanas de las deportaciones y las separaciones familiares, y los enormes riesgos que los deportados están dispuestos a asumir, independientemente de las barreras, los muros y el peligro de reunirse con sus familias.

Esta es la historia de Alex.

Una redada de migración

Alex nació en un asentamiento de refugiados en Chiapas, México. Su familia es una de los más de 200 mil guatemaltecos que huyeron de una guerra prolongada, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, que en gran parte tuvo como objetivo a los indígenas en Guatemala. En México, las barreras para conseguir un estatus legal excluyeron a los refugiados del empleo formal. Para mejorar la situación de su familia, él decidió entrar a los Estados Unidos a través de un traficante de personas, a menudo conocido como “coyote,” en el año 2000. Trabajó en una planta empacadora de carne y envió dinero para ayudar a sus padres en México.

Dos años más tarde, Alex se enamoró de su esposa, a quien nos referiremos como Graciela, una ciudadana guatemalteca. Ella llegó a Estados Unidos en 1999, también con la ayuda de un coyote, para unirse con sus padres, quienes la inscribieron en la escuela primaria. Graciela también se enamoró, y en 2002 decidió renunciar a su último año de la preparatoria para estar con Alex. Un año después, Graciela dio a luz a su primer hijo.

En diciembre de 2006, Alex fue deportado, sin audiencia, una violación de las leyes internacionales de derechos humanos, en una de las redadas de inmigración más grandes en la historia de los Estados Unidos. Fue separado de su esposa y su hijo de 3 años. La separación familiar debido a la deportación es común. También es una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 17 de la Convención, firmado por Estados Unidos en 1969, establece que: “La familia es la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.” La declaración de este principio subraya cómo la deportación viola uno de los derechos fundamentales protegidos por la Convención – los derechos de la familia.

De regreso a México, Alex se enfrentó a la falta de oportunidades de trabajo, agravada por la discriminación racial hacia los pueblos indígenas. Mientras tanto, Graciela enfrentó inestabilidad económica en EEUU. Aun sin los ingresos de Alex, ella le aconsejó a él que se quedara en México, debido a su miedo a más redadas y la preocupación por el aumento de la criminalización para castigar la migración no autorizada. Además, de acuerdo a las prioridades en esta materia iniciadas en el gobierno de George W. Bush, la entrada y reingreso ilícito iniciaría una nueva era en la criminalización de la migración que involucraba la creación de nuevas clases de “delitos graves” que se aplican solo a los no ciudadanos.

Seis meses después, la esposa de Alex y su hijo se reunieron con él en Chiapas, México, convirtiéndose en lo que a menudo se conoce como deportados “de facto”. Los estudios han identificado cómo los deportados enfrentan el estigma y la discriminación a su regreso. Los orígenes nacionales, las habilidades lingüísticas y las presunciones de por qué uno fue deportado pueden convertirse en factores importantes en la reintegración a los países de origen o los países de cónyuges o padres. Por ejemplo, Graciela es de nacionalidad guatemalteca y no podría buscar empleo legal en México.

A pesar de su reunificación, la familia de Alex continuó enfrentando dificultades significativas en México. Un amigo de Alex, un coyote, le informó que podría ganarse un sueldo decente trabajando como coyote y permanecer cerca de su familia. Alex decidió explorar esta alternativa.

Migración clandestina

La participación de Alex en una red de contrabando de personas acarreó enormes riesgos. Un día, por ejemplo, una banda armada rodeó a un grupo de inmigrantes que él llevaba a través de la frontera entre México y Estados Unidos y se quedaron con sus pertenencias. Alex corrió al desierto y escapó al lado estadounidense de la frontera.

Después de una noche en el desierto sin comida ni agua, Alex regresó a México. Más tarde, se enteró de que la banda había tomado como rehenes a los migrantes, pero que fueron liberados después de que sus parientes en EEUU pagaran un rescate con una cantidad de dinero no revelada. Alex regresó a casa e informó a su esposa y padres del incidente. Todos insistieron en que ya no continuaría trabajando como coyote.

Una gran cantidad de investigaciones documentan cómo la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos ha llevado a una militarización y reorganización de las organizaciones del narcotráfico. Los cárteles de drogas pueden interferir con las redes de contrabando, lo que hace que los migrantes sean aún más vulnerables a los ataques o que sean obligados a transportar drogas. La académica Laura Ortiz argumenta que la creciente participación de coyotes impostores, que reclutan migrantes solo para extorsionarlos, ha ayudado a reforzar las percepciones dominantes sobre el contrabando de personas como algo relacionado con el tráfico de drogas.

A pesar de esta percepción dominante, el académico Simón Pedro Izcara Palacios sostiene que el tráfico de personas y el tráfico de drogas son operados por diferentes grupos. Los cárteles de drogas no están directamente involucrados con el tráfico de personas, sino que extorsionan a los contrabandistas de personas. De hecho, Alex identificó cómo los cárteles presionaron a los traficantes para que paguen una tarifa de usuario por cruzar la frontera entre Sonora y Arizona. La falta de pago puede generar violencia.

El riesgo de violencia en el trabajo de coyote, junto con la ausencia de oportunidades de trabajo viables en Chiapas, llevó a Alex y su esposa, ahora con cuatro hijos, a hacer planes para unirse con sus parientes en Estados Unidos en 2015. Aunque el padre de Graciela es un residente permanente de EEUU, no pudo respaldarlos a través de lo que los políticos denominan “migración en cadena” porque no cumplió con los criterios de ingresos anuales: no menos del 125 porciento del nivel federal de pobreza. Sin opciones legales, Alex pagó 3 mil 500 dólares a un compañero coyote para llevar a su esposa e hijos a la frontera. Esta persona los condujo con éxito a un lugar en la frontera entre Sonora y Arizona, donde los funcionarios de inmigración estadounidenses capturaron y luego liberaron a los migrantes.

Graciela y sus hijos se entregaron a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Debido a la nueva protección legal para familias y niños en EEUU, ella y sus hijos fueron liberados luego de una noche de detención. El gobierno estadounidense presentó un proceso de deportación; y para brindar la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración para adjudicar su caso, Graciela y sus hijos recibieron alivio de deportación.

Para ayudar a financiar el cruce de su familia, Alex decidió hacer un último cruce clandestino con ocho inmigrantes en el corredor Sonora-Arizona. Horas después de comenzar su viaje, hombres fuertemente armados los capturaron y los mantuvieron como rehenes en un edificio apartado. Se solicitó un rescate a los familiares estadounidenses por cada migrante. A pesar de la oferta de Graciela de pagar el rescate por su liberación, sus captores se negaron. En cambio, Alex permaneció cautivo durante varias semanas y fue torturado físicamente.

Eventualmente, él escapó de sus captores, pero estaba atrapado en el desierto nuevamente. Sin comida ni agua, se entregó a agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, quienes documentaron las heridas físicas que sufrió por su prolongada tortura y lo detuvieron.

Pocas opciones

La entrada no autorizada previa de Alex provocó lo que se denomina “restablecimiento de la deportación,” una disposición de la reforma migratoria de 1996 que restituyó la orden de deportación del 2006. A pedido de su familia, localicé y pagué el costo de un abogado. Debido a que Alex expresó un temor fundado de persecución o tortura al regresar a México, su abogado le aconsejó que solicitara una “retención de deportación” o protección bajo la Convención Contra la Tortura. A diferencia del asilo, ninguno de estos remedios ofrece un camino hacia el estatus de residente permanente.

Además, la solicitud habría requerido que Alex permaneciera detenido, potencialmente de seis meses a un año, durante la resolución de su caso. Los académicos han notado cómo la detención prolongada puede exacerbar el estrés postraumático y otros daños que los solicitantes de asilo y sus familias pueden haber sufrido en sus propios países. Otros han identificado cómo la detención prolongada compromete las protecciones del debido proceso que violan las leyes internacionales de derechos humanos y obligan a los migrantes a rendirse a la deportación. Varios han identificado cómo las deportaciones pueden ser equivalentes a una sentencia de muerte.

Su familia temía que él también fuera asesinado después de la deportación y le suplicaba que permitiera que el abogado resolviera su caso. Alex comparó sus opciones y rechazó el asesoramiento legal. Luego del final de su sentencia y deportación, regresó a Chiapas. En un mes hizo arreglos con otro coyote y pagó 7 mil dólares para cruzar a través de la frontera entre Chihuahua y Texas. Al igual que la mayoría de los que intentan reingresar después de una detención, tuvo éxito, y ahora se reencuentra con su esposa y sus hijos en Estados Unidos.

Reunificación familiar

Alex dice que nunca quiso ser coyote. Su historia brinda la oportunidad de comprender las complejas motivaciones que impulsan el reingreso no autorizado de padres deportados con familia en EEUU. Un informe del 2009 del Departamento de Seguridad Nacional indica que el 21 prociento de las personas que reingresan son aquellas sin un hijo nacido en Estados Unidos, mientras que más de un tercio de los reingresos son padres de niños ciudadanos de EEUU. Los académicos también han demostrado que los deportados como Alex, que están separados de sus familias en Estados Unidos, tienen más probabilidades de migrar nuevamente que aquellos sin vínculos familiares.

A medida que el país considera reformar la política de inmigración, es importante recordar que las estrategias de disuasión son ineficaces para reducir la intención de emigrar, particularmente entre aquellos con familiares en Estados Unidos. Los muros o incluso las celdas de detención no son competencia a la hora de desmotivar a las personas que poseen experiencia directa con crimen y violencia, que tienen reclamos de miedo creíbles y aquellos separados de sus familias en Estados Unidos.

En 2017, dos años después de la reunificación de la familia de Alex en EEUU, Graciela compareció ante el tribunal para su audiencia de inmigración. El juez de inmigración presentó una orden de deportación. Al igual que otros retornados y recién llegados no autorizados, ambos enfrentan la amenaza de la deportación. Hasta que se ratifiquen los protocolos internacionales sobre la protección de los migrantes y sus familias, Estados Unidos continuará generando familias o personas no autorizadas a entrar al país que estarán en riesgo de deportación en los años venideros.

The Conversation

Oscar Gil-Garcia received funding from the University of California Institute for Mexico and the United States and Chancellor’s Postdoctoral Fellowship, University of California, Los Angeles.


Source: US-Politics